Me ronda la inquietud sobre el control que el estado ejerce el manejo de los recursos que las ONG captan para beneficiar a los sujetos de su acción, en la mayoría de casos los menos favorecidos de la sociedad: ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos humanos y transferencia tecnológica, entre otras.
Las ONGs son fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo social busca la utilidad de la comunidad en general, para su control el Decreto 1529 del 13 de julio de 1990, Artículo 7 autoriza al “Gobernador del Departamento para cancelar, de oficio o a petición de cualquier persona, la personería jurídica de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o Instituciones de utilidad común...”
Poco o nada hace el Departamento para ejercer este control, no hay registro alguno donde se muestre que las donaciones y transferencias recibidas por las ONGs fueron ejecutadas y liquidadas según los fines previstos y de conformidad con los principios de la sana administración.
La duda surge al ver tantas organizaciones que nacen de grupos de ciudadanos que para asegurar un empleo, para poder ser beneficiaros de donaciones, o para obtener benéficos particulares crean una Ong y “vendiendo” las necesidades de los menos favorecidos obtienen recursos que en muchos casos no son invertidos según los objetos de los proyectos.
Con esta realidad creo que urge una ley de regulación de estas experiencias.
PEDRO ANTONIO ORTIZ CARDENAS
Comunicador Social
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